La primera reunión de la Comisión Mixta entre el Gobierno de España y UNFPA, realizada en octubre de 2006, acordó cuatro grandes ejes estratégicos para el Fondo de Cooperación para América Latina, enmarcados dentro de la promoción y protección de los derechos reproductivos, el acceso a la salud sexual y reproductiva y el avance hacia la igualdad de género, enfocándose en el trabajo con grupos específicos y sus organizaciones: migrantes, mujeres, jóvenes e indígenas. De esta manera se busca contribuir a la reducción de la pobreza y a la promoción de la cohesión social a través de la reducción de las desigualdades sociales. Como estrategia transversal, dicho Fondo de Cooperación busca la colaboración con instituciones académicas e institutos de investigación españoles para el desarrollo de capacidades y asistencia técnica; la coordinación y armonización de las Oficinas Técnicas de la Cooperación Española en la región; la coordinación con las Agencias de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales y bilaterales de cooperación, dentro del nuevo marco de financiación.
Los ejes estratégicos seleccionados, así como las principales intervenciones identificadas, fueron las siguientes:
1. Género, derechos reproductivos y reducción de la pobreza
- Promover campañas regionales y nacionales de difusión de la normativa internacional, regional y nacional sobre los derechos y la salud sexual y reproductiva, y su vinculación con la reducción de la mortalidad materna, el combate a la epidemia del VIH; la erradicación de la pobreza, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Abogar por la universalización del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de acuerdo con la Meta del Programa de Acción de Cairo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
- Fortalecer las políticas y sistemas de salud en los contextos de reforma para afrontar la exclusión y las desigualdades en salud. Para ello, se propuso trabajar en el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud desde el más alto nivel ministerial hasta los servicios de atención primaria en salud, así como en los marcos de descentralización para mejorar la accesibilidad, la calidad, la aceptabilidad y sobre todo, la orientación hacia la equidad de los servicios de salud. Se trabajará con la Sociedad Civil Organizada, buscando su participación en las políticas de salud y en la planificación y gestión del sistema.
- Desarrollar evidencia empírica sobre el impacto de la inversión en igualdad de género y derechos y salud sexual y reproductiva para el fortalecimiento de la cohesión social y la reducción de la mortalidad materna y de la pobreza en América Latina y Caribe.
- Fortalecer las capacidades de los mecanismos nacionales y regionales de género (ministerios e institutos de la mujer) para la inclusión de los derechos y la salud sexual y reproductiva en las políticas de reducción de la mortalidad materna, de lucha contra la pobreza y en las políticas de desarrollo.
- Apoyar programas regionales, nacionales y locales de promoción de los derechos y la salud sexual y reproductiva y una maternidad segura desde las instancias públicas y gobiernos locales, particularmente a través de experiencias demostrativas orientadas a la reducción de la mortalidad materna en zonas indígenas y en situación de pobreza.
- Promover la creación de mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas, a nivel nacional y local, por parte de organizaciones de la sociedad civil para evaluar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y el ejercicio de derechos reproductivos.
- Promover el desarrollo de presupuestos públicos destinados a la salud sexual y reproductiva, en el ámbito nacional, institucional y municipal, para la compra de insumos de salud reproductiva, mejora de los servicios de planificación familiar y de salud reproductiva, incluido el VIH, y fortalecimiento de las unidades de emergencia obstétrica, particularmente en áreas pobres o en pobreza extrema. Integrar estas iniciativas en los procesos de Reforma del Sector Salud y las iniciativas de los sistemas de salud que promuevan la universalidad del acceso a la salud.
- El UNFPA está comprometido con los y las jóvenes buscando articular tres principios fundamentales para la incidencia política: la promoción de una participación ciudadana juvenil real, el reconocimiento de los derechos humanos de los y las jóvenes, incluidos sus derechos en el campo de la sexualidad y la reproducción, y la necesidad de que se formulen y apliquen políticas públicas incluyentes. Para apoyar estas áreas, se cuenta con un marco global de trabajo en materia de juventud “UNFPA Framework for Action on Adolescents and Youth - 4 Keys to Open Doors with Young People” (2006). En América Latina y el Caribe, el UNFPA apoya varias iniciativas regionales orientadas a mejorar la participación y situación de los jóvenes, destacando entre ellas el proyecto “Derechos y Políticas Públicas de Juventud: Inclusión Social de los Jóvenes Iberoamericanos”, implementado por la OIJ.
2. Migración y desarrollo con enfoque de género e intergeneracional
- Generar información socio-demográfica sobre migración internacional entre América Latina y España para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas migratorias. Disponibilidad de sistemas de información y capacitación de recursos humanos para la gestión de dichos sistemas.
- Promover la creación de redes y alianzas regionales y nacionales de desarrollo y migración entre países seleccionados de América Latina y el Caribe (principalmente Ecuador, Colombia y República Dominicana) y España (entes nacionales, Comunidades Autónomas) para la incidencia en estrategias de desarrollo nacional y local en temas específicos (derechos humanos, salud reproductiva, violencia, prevención de tráfico y trata, etc.).
- Desarrollar iniciativas de apoyo social para familias de migrantes en países de origen, particularmente mujeres y jóvenes, que permitan la generación de programas en áreas específicas (salud sexual y reproductiva, violencia, prevención de tráfico y trata, etc.) a partir de iniciativas coordinadas para el uso productivo de las remesas entre autoridades locales y redes de mujeres y jóvenes migrantes, en principales países emisores.
- Abogar y crear alianzas para lograr establecer un consenso e instrumentos regionales que protejan los derechos de los y las migrantes, que incluya el acceso a servicios básicos de salud y salud sexual y reproductiva, y protección contra la violencia sexual.
3. Empoderamiento de mujeres indígenas de América Latina para su incidencia en políticas públicas que garanticen el derecho a la salud sexual y reproductiva y a la equidad de género
- Contribuir a fortalecer las organizaciones de mujeres indígenas y organizaciones de mujeres mixtas para el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva y la equidad de género. Promover la inclusión y fortalecimiento del derecho a la salud sexual y reproductiva y la equidad de género en la agenda de las organizaciones de mujeres indígenas desde una perspectiva intercultural.
- Fortalecer las capacidades de las Direcciones Nacionales de Estadísticas en los sistemas de recolección de datos (Ronda de censos 2010 y encuestas especiales) que permitan disponer de información precisa y relevante sobre la situación socio-demográfica de los pueblos indígenas como insumos para la formulación de políticas públicas y el seguimiento a su impacto.
- Promover la integración los derechos de las mujeres indígenas a la salud sexual y reproductiva y a la equidad de género en las políticas públicas nacionales y locales desde una perspectiva intercultural.
- Fortalecer los mecanismos regionales, nacionales y locales de vigilancia social de las políticas públicas y programas que garanticen el derecho de las mujeres indígenas a la salud sexual y reproductiva, así como los mecanismos estatales y locales de rendición de cuentas.
- Desarrollar, sistematizar y difundir experiencias demostrativas basadas en las políticas públicas y programas que garanticen el derecho a la salud sexual y reproductiva.
4. Seguridad integral de las mujeres, particularmente en relación con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual
- Promover la revisión de las legislaciones nacionales en materia de violencia sexual contra las mujeres (incluida la migración indocumentada y el tráfico y trata con fines de explotación comercial) y la adecuación legal correspondiente a los instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos de las mujeres. Se prestará particular atención a la situación las mujeres en contextos de conflicto y post-conflicto armado en línea con los principios de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad.
- Apoyar a los países en el desarrollo y aplicación de legislación en materia de prevención, atención y sanción de la violencia sexual contra las mujeres.
- Apoyar la realización de una campaña regional de comunicación, en conjunto con los gobiernos, la sociedad civil y la cooperación internacional para la visibilización y desarrollo de conciencia pública en torno al problema y a la necesidad de contar con políticas públicas adecuadas de prevención y atención de la violencia sexual.
- Promover el intercambio de experiencias e identificación de buenas prácticas para combatir la violencia sexual contra las mujeres, adultas y adolescentes.
- Desarrollar modelos integrales de prevención y atención a la violencia sexual contra las mujeres y adolescentes en países seleccionados.
