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Este diálogo es una instancia dirigida a tomadores de decisiones, académicos, expertas, expertos y organizaciones de la sociedad civil para reflexionar, compartir aprendizajes, intercambiar experiencias e identificar áreas de asistencia técnica mutua y de parte de la cooperación internacional en temáticas y aspectos emergentes y urgentes de atender para la población con discapacidad, identificados tanto por los gobiernos como por los demás actores sociales, en el contexto de los acuerdos adoptados en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
Transcurridos ya varios meses, existe conciencia en que la pandemia podría estar afectando de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, con posibles implicaciones en la agudización de la desigualdad. En la región hay alrededor de 70 millones de personas con discapacidad, que constituyen uno de los grupos más excluidos de nuestra región. Antes de esta crisis sanitaria, las personas con discapacidad ya presentaban menos probabilidades de acceder a la atención sanitaria, la educación y el empleo y de participar en la comunidad. Una proporción importante de ellas vive en la pobreza, están expuestas a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas y se encuentran entre los grupos más marginados de cualquier comunidad afectada por una crisis.
Las personas con discapacidad se ven impactadas más fuertemente debido a las barreras actitudinales, del entorno e institucionales que se reproducen en la respuesta de COVID-19. Además, muchas personas con discapacidad tienen condiciones de salud preexistentes que las hacen más susceptibles de contraer el virus y de experimentar síntomas más graves al infectarse, conduciendo a tasas elevadas de mortalidad.
En el caso de las personas con discapacidad esta pandemia ha revelado las enormes desigualdades que enfrentan en diferentes ámbitos. Uno que reviste gran importancia es su invisibilidad estadística, ya que si no se cuenta con información respecto de las personas con discapacidad es muy difícil realizar acciones de política pública en favor de ellas. Los países de la región no siempre cuentan con información actualizada, comparable y bajo las recomendaciones internacionales que permita hacer una intervención rápida en situaciones de crisis y desastres.
Se necesita contar con dicha información para comprender las distintas formas en que las personas con discapacidad se ven afectadas por el COVID-19 y comprobar que sean incluidas en todas las fases de la respuesta y la recuperación. Es indispensable disponer de sistemas robustos de recolección y difusión de datos que aseguren el desglose a nivel subnacional por discapacidad, edad, sexo y causas de muerte. Estos datos deberían reunirse utilizando métodos reconocidos internacionalmente, considerando las recomendaciones de la división de Estadísticas de las Naciones Unidas, así como del Grupo de Washington y la Organización Mundial de la Salud. Estas recomendaciones deberían reflejarse en las distintas fuentes de datos: los censos de población y vivienda, las encuestas específicas de discapacidad y los registros administrativos, particularmente los registros de personas con discapacidad. Por tanto, es muy importante contar con esta información para el diseño de políticas sociales basadas en derechos para este grupo de población, considerando los principios de universalidad en el acceso a los servicios sociales desde un enfoque de derechos y, sensibles a las diferencias y especificidades de cada grupo, buscando superar activamente las brechas y desigualdades vigentes, para “que nadie se quede atrás”.
