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CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá - En el marco de los 16 días de activismo y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, UNFPA presenta el documento: Capacidades estatales y brechas de atención en los servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia.

Este documento propone un análisis de las brechas estatales en materia de prevención; servicios de salud, incluida la salud mental y la salud sexual y reproductiva; servicios sociales y los servicios policiales y judiciales. Con base a un ejercicio de comparación entre los estándares del Programa global de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que Sufren Violencia y las respuestas enviadas por los Estados en el Tercer Informe Hemisférico de cumplimiento de la Convención Belém do Pará, por parte de 15 Estados de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

La violencia basada en género

A nivel mundial, la violencia por razones de género es un hecho palpable que afecta a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad, la cual se ha convertido en una pandemia global que socava la vida de las mujeres en todo el ciclo de vida y que es reproducida por normas sociales que se sustentan en las relaciones de poder. Así, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación a derechos humanos, así como un problema de salud pública y de justicia social.

El pasado 25 de noviembre, la Directora Ejecutiva de UNFPA, Dra. Natalia Kanem, enfatizó en su declaración que es un momento en el que todas y todos debemos hacer una pausa para recordar lo mucho que nos falta por avanzar en este tema. De manera sorprendente, una de cada tres mujeres y niñas continúa experimentando violencia en algún momento de su vida.

Ante esta situación, la mayoría de los Estados de la región han suscrito y son parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Ambos instrumentos internacionales son conquistas del movimiento de mujeres, que ha trabajado incansablemente en visibilizar la violencia por razón de género, y se constituyen como una expresión de la voluntad de los Estados para fortalecer las instancias oficiales para la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres y niñas.

Una situación preocupante en América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe se encuentran 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios. Los últimos datos indicaban que en la región América Latina y el Caribe, 1.1 millones de niñas adolescentes de 15-19 años han experimentado violencia sexual o cualquier otro acto sexual forzado y al menos 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual en algún momento de sus vidas.

En la región, 1 de cada 4 mujeres jóvenes estaban casadas o en unión antes de los 18 años. Una tercera parte de los embarazos corresponde a menores de 18 años, y casi un 20% de estos a niñas menores de 15 años fruto muchos de ellos de la violencia sexual.

La pandemia de COVID-19 está teniendo consecuencias sociales y económicas devastadoras para las mujeres y las niñas que podrían revertir los avances que se han logrado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.