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Capacidades estatales y brechas de atención en los servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia

A nivel mundial, la violencia por razones de género es un hecho palpable que afecta a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad, la cual se ha convertido en una pandemia global que socava la vida de las mujeres en todo el ciclo de vida y que es reproducida por normas sociales que se sustentan en las relaciones de poder. Así, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación a derechos humanos, así como un problema de salud pública y de justicia social.

Basta con observar el número de víctimas de femicidio/feminicidio y de otros delitos contra la integridad de las mujeres, como lo son el acoso sexual o laboral, la violencia física, psicológica, sexual, así como las distintas expresiones de discriminación que existen en los ordenamientos jurídicos, para tener una idea clara de la magnitud y gravedad del problema de la violencia contra las mujeres en la región. Ante esta situación, la mayoría de los Estados de la región han suscrito y son parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Ambos instrumentos internacionales son conquistas del movimiento de mujeres, que ha trabajado incansablemente en visibilizar la violencia por razón de género, y se constituyen como una expresión de la voluntad de los Estados para fortalecer las instancias oficiales para la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres y niñas.

Ante este compromiso, la Organización de Estados Americanos, a través de la Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), han realizado un esfuerzo de coordinación y cooperación para abordar el tema de la violencia contra las mujeres. Lo han hecho integrando dos herramientas metodológicas dirigidas a la implementación de mejoras, por parte de los Estados, relacionadas con los derechos de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia y de discriminación.