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Con motivo del Día de los Derechos Humanos de este año, hacemos un llamamiento a la gente de todo el mundo a #DefenderLosDerechosHumanos. Los 8.000 millones de personas que viven hoy en día deberían disfrutar de todos los derechos humanos, tal y como se definen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en otros acuerdos internacionales y leyes nacionales. Este año, en el UNFPA aplaudimos los avances que muchos países están logrando en la promulgación de leyes y reglamentos que garantizan el acceso pleno y equitativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Conocemos estos avances porque, por primera vez a escala mundial, podemos medirlos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El UNFPA ha encuestado a 153 países con casi el 90% de la población mundial. Un alentador 76% cuenta ahora con leyes que defienden los derechos sexuales y reproductivos. Las noticias son mejores en algunas cuestiones que en otras:  Más del 90% de estos países garantizan la confidencialidad y los servicios para el tratamiento del VIH, por ejemplo. Sin embargo, uno de cada cinco países sigue exigiendo la autorización de terceros, como el consentimiento del cónyuge o tutor, para que las mujeres o adolescentes reciban servicios anticonceptivos.

Las leyes, desde las internacionales de derechos humanos hasta las nacionales y locales, son un escudo contra las normas y prácticas nocivas, la discriminación y la violencia. Sin embargo, las leyes sólo tienen sentido si se aplican plenamente y sin prejuicios, se defienden en los tribunales y se supervisan para exigir responsabilidades.

Y no basta con promulgar leyes centradas en los derechos humanos. También debemos trabajar para eliminar las normas discriminatorias que impiden a las personas tomar sus propias decisiones sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, como los requisitos de que las mujeres estén casadas para utilizar los servicios de salud materna o para elegir tener relaciones sexuales.

Además, en un mundo acosado por las crisis y los conflictos, debemos prestar mayor atención a la defensa de los derechos básicos de las mujeres y las niñas en contextos humanitarios, que corren un mayor riesgo de sufrir violencia de género, incluida la violación como arma de guerra, y otras violaciones de los derechos humanos. Su seguridad, dignidad y salud deben protegerse a toda costa.

Una nueva investigación del UNFPA destaca los pasos clave necesarios para que las leyes pasen del papel a la práctica, incluidas las asignaciones presupuestarias, la orientación técnica y la formación del personal sanitario. Todo ello es necesario para contrarrestar las persistentes violaciones de los derechos reproductivos en todo el mundo. También hay que esforzarse por cambiar las arraigadas desigualdades de género, las normas sociales que devalúan a las mujeres y las niñas, y las prácticas que socavan la autonomía corporal. Esto requerirá una serie de intervenciones, incluida una educación sexual integral que imparta información médicamente precisa, culturalmente sensible y basada en los derechos; servicios de salud libres de estigma; y oportunidades de igualdad de género en el lugar de trabajo y en las funciones de liderazgo.

Hoy conmemoramos los avances logrados gracias a los cambios legislativos, que nos acercan a la promesa de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 y a su llamamiento a situar los derechos de las personas, especialmente de las mujeres y las niñas, en el centro del desarrollo sostenible. Ahora, nuestra tarea consiste en acelerar el ritmo del cambio mediante reformas continuas y ambiciosas, respaldadas por más inversiones y una mayor voluntad política. Los derechos sexuales y reproductivos, en su totalidad, pertenecen a todos. Todos los ordenamientos jurídicos deben defenderlo.