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ASUNCIÓN, Paraguay - La primera vez que María Jacinta Pereira Hicret  (51 años) participó en un encuentro nacional de líderes indígenas de Paraguay le pareció algo majestuoso. “Eran todos hombres –recuerda– y yo la única mujer. Me sentía algo pequeña entre tantos varones, pero después, a través de los trabajos que iba realizando, demostré que una mujer puede llevar también la posta”.

Hoy es reconocido que la intervención de las mujeres ha sido vital en la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos. No es diferente en el caso del pueblo Sanapaná, constituido por 3470 personas que habitan el Chaco Paraguayo. 

Sin embargo, desde que existe memoria, el pueblo Sanapaná estuvo liderado por varones. Eso cambió en 2008 cuando María Jacinta fue nombrada cacica de la comunidad urbana indígena Redención o Yelshuacettema (pueblo de techos rojos), ubicada en el departamento de Concepción, a 413 kilómetros de la capital. 

La comunidad está integrada por unas 500 personas pertenecientes a la etnia Sanapaná y personas de los pueblos Enxet sur, Guaná, Chamacoco, Angaité, Toba Qom y Paî Tavyterã que han llegado a vivir allí. 

El Chaco, región donde está asentada esta comunidad, es la mayor zona boscosa de Sudamérica después de la Amazonía. Se caracteriza por su gran diversidad, tanto ambiental como social, y comprende territorios de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. 

La agricultura y la ganadería comunitarias son las principales actividades del pueblo Sanapaná. Las mujeres se dedican a la alfarería y a la elaboración de bolsos, mantas, hamacas, ponchos, principalmente con fibra de caraguatá y que muchas veces son teñidos con colorantes naturales en negro y rojo.

María Jacinta tiene tres hijos y con mucho esfuerzo logró terminar la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Concepción. Además, de ser la primera mujer indígena que ocupa un cargo de esta naturaleza conocida en Paraguay, es perito indígena (personas que son designadas para trabajar exclusivamente en las diligencias procesales que involucran a sujetos de distintos pueblos originarios, como en los casos de asistencia a acusados, imputados o víctimas pertenecientes a comunidades indígenas asentadas en la circunscripción).

Durante cientos de años, generaciones de mujeres indígenas han cargado, en sus cuerpos y mentes, graves vulneraciones de sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos. También llevan consigo conocimientos, saberes y prácticas ancestrales que aún no son reconocidos del todo, a pesar de que sanan y sostienen a sus comunidades.  

La región del Chaco, donde vive población indígena y no indígena, está rezagada en cuanto a indicadores económicos y sociales, inferiores al promedio regional y a los promedios de los países que comparten este territorio. 

En toda la región, la pobreza afecta a la población indígena de manera desproporcionada. Por ejemplo, según datos de 2021, en Colombia el 62% de la población indígena vive en la pobreza; en Panamá, el 49%; y en Ecuador, el 47%. Además, entre 2017-2022, el presupuesto de las instituciones rectoras de políticas indígenas se redujo en todos los países para los que se dispone de información.

En este contexto, las mujeres y niñas indígenas están en mayor riesgo de experimentar embarazos durante la adolescencia, de morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto, así como entrar en un matrimonio infantil o una unión temprana.  

María Jacinta es la primera mujer cacica conocida en Paraguay. ©UNFPA Paraguay

 

“Muchos derechos de las mujeres indígenas aún no son garantizados, como el respeto, la dignidad; son atacadas, violentadas, discriminadas y criticadas de manera prejuiciosa. Sobre todo, no se nos garantiza la prevención y la protección frente a la violencia”, comenta María Jacinta y remarca que es necesario seguir avanzando en estos temas a fin de alcanzar la plena garantía a sus derechos humanos.

Ellas necesitan políticas públicas, programas y servicios con enfoque intercultural e intergeneracional, sobre todo para abordar de manera integral las violencias que las afectan, incluida la discriminación a la hora de acceder a la salud, la educación y el empleo.