ASUNCIÓN, Paraguay - Cada año, niñas de entre 10 y 14 años dan a luz a casi 700 bebés, que se presume son producto de abuso sexual, ya que el consentimiento no es libre ni informado. Si la franja etaria de las adolescentes con hijos se amplía de los 10 a los 19 años, la cifra anual llega a casi 20.000 hijos y ubica al Paraguay en el primer puesto de los países del Cono Sur, con la más alta tasa de fecundidad adolescente (72 nacimientos por 1.000 mujeres entre 15 y 19 años). Estos son solo algunos de los datos que la campaña Ñañangareko (protegemos, en guaraní) ha dado a conocer para generar acciones integrales contra el abuso y el embarazo en niñas y adolescentes.

Por eso, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con la cooperación del Gobierno de la India, lanzaron una iniciativa comunicacional con el lema: “Una niña embarazada es una niña abusada”.

“Una altísima prioridad”, destacó el Ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, al comentar que: “En el Cono Sur, Paraguay tiene una de las tasas más altas de fecundidad”. Además explicó los distintos programas y servicios con los que cuenta el ministerio para la atención de la salud sexual de niñas y adolescentes, enfatizando la necesidad de complementarlos con la educación formal, porque “un niño educado es una persona que maneja mejor sus decisiones y tiene una vida sexual más tardía, según varias investigaciones científicas”.

La Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, expuso que: “Es imperioso que la educación sexual integral integre la malla curricular de educación, es un derecho que niñas, niños y adolescentes tienen. Tienen que tener información veraz, confiable y científica sobre de qué pasa con su cuerpo cuando van creciendo. Qué pueden hacer y qué no, hasta dónde llega un adulto sobre su cuerpo”. Destacó el rol protagónico que cumplen las y los docentes en el aula como educadores y detectores del abuso intrafamiliar y sexual. Remarcó el hecho de que el aislamiento social, a causa de la pandemia, ha contribuido a la invisibilización de esta problemática.

Rocío Galiano, Representante Nacional del UNFPA, durante la presentación, dijo que “el embarazo adolescente y la maternidad precoz, en la gran mayoría están relacionados a un problema de inequidad y desigualdad social. Estas niñas, adolescentes y sus hijos e hijas tienen sus derechos vulnerados lo que afecta a su salud, su integridad personal, su vida privada y la de sus familias.

Aunque se han logrado avances en la implementación de políticas, programas y protocolos para garantizar la salud sexual y reproductiva, así como la prevención del abuso sexual, la naturalización de esta problemática exige implementar acciones de sensibilización y concienciación como esta campaña. La misma se enmarca en el proyecto “Prevención del embarazo adolescente y de la violencia/abuso sexual en niñas y adolescentes desde un abordaje intersectorial”, que se implementa en el distrito de Caaguazú, seleccionado debido a sus altas cifras de abuso sexual y embarazo en niñas y adolescentes.

Caaguazú es el departamento con la tercera cifra más alta de nacimientos en niñas de 10 a 14 años, después de Alto Paraná y Central; y ocupa el cuarto lugar en nacimientos registrados en adolescentes de 15 a 19 años, según datos del MSPyBS.

Niña embarazada = niña abusada

La campaña Ñañangareko considera que una niña embarazada es una niña abusada, porque sus derechos son vulnerados ante la situación de embarazo en esta etapa de la vida. Matar es un crimen y las relaciones sexuales entre un adulto y una niña o adolescente también lo son. Para hacer frente a esa realidad, propone prevenir el embarazo precoz con las siguientes estrategias: hablando, educando y denunciando los casos de abuso sexual.

Ñañangareko propone involucrar y fortalecer a las familias en su rol de garantes de derecho de niñas y adolescentes y a las comunidades en la prevención del abuso sexual y del embarazo adolescente.

La campaña también insta a la ciudadanía a ser parte de la solución denunciando cualquier caso de abuso en las líneas 147 (Fono ayuda) o 911.

Según el Ministerio Público, existe un promedio de 8 denuncias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes por día. En los meses de mayo y junio de este año, el MINNA ha registrado 173 casos de abuso sexual, siendo originados en el entorno familiar el 80% de los casos de violencia y abuso sexual. Estas son razones más que suficientes para que en el país adoptemos una misma frase: #TodosSomosResponsables.

Isabel, Susana, Fátima y 8 niñas y adolescentes más

Como parte de la campaña, se estarán presentando en total 10 historias como la de Isabel, una niña de 13 años quien murió durante la cesárea. El hombre del que quedó embarazada tenía 40 años. O Fátima, una niña de 16 a quien le diagnosticaron una infección urinaria y un embarazo de 5 meses. Dos días después, murió. No se supo el origen del embarazo. 

Ambas, basadas en historias reales, retratan el riesgo y el impacto negativo del embarazo precoz.y buscan concientizar sobre esta situación que viven miles de niñas en Paraguay, que están vinculadas a situaciones de abuso y desprotección. La naturalización de la maternidad temprana es uno de los aspectos culturales en los que socialmente se debe trabajar: deconstruirla es un reto urgente para entender que ninguna niña debería enfrentar un embarazo, situación que rompe con su proceso evolutivo y empeña su futuro. 

La campaña está compuesta de 10 hitos que estarán siendo publicados en los diferentes canales digitales de UNFPA Paraguay, radios comunitarias y distintos medios de comunicación. 

Círculo de pobreza y de violencia

En la primera línea del impacto negativo del embarazo precoz y la maternidad temprana se ubican las propias niñas y adolescentes. El riesgo de abandono escolar es mayor y se perpetúa en ellas el círculo de pobreza y de violencia. El embarazo adolescente es el rostro de la desigualdad en nuestro país: 1 de cada 20 niñas de 10 a 14 años en situación de pobreza tiene hijos, siendo las indígenas las más afectadas: 1 de cada 10 de ellas, entre 10 y 14 años, ha dado a luz.

Las consecuencias también llegan a los hijos de estas niñas y adolescentes: tienen un mayor riesgo de morir durante el primer año de vida, bajo peso al nacer y un impacto negativo en el desarrollo integral durante la primera infancia.

El embarazo adolescente genera, a su vez, un problema social que afecta el desarrollo del país. Un dato es suficiente para medir su impacto económico: G. 768 mil millones es el costo anual para el Paraguay. Mientras que para la región de América Latina y el Caribe es aproximadamente  1.210 dólares anuales.

“La maternidad adolescente hace que las mujeres obtengan un 20% menos de ingresos que los que obtiene una madre adulta”, expresó la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo, al comentar el costo de oportunidades para las niñas con hijos. “Tenemos que saber que hablar, entender y denunciar constituyen las acciones más fuertes contra el flagelo del embarazo de niñas y adolescentes”.

Fernando Griffith Torio, Viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencias, reflexionó sobre la complejidad de los factores que pueden determinar en la sociedad las condiciones de abuso, comentando que aunque la familia sea la figura protectora fundamental de niños, niñas y adolescentes, “muchas veces no tienen las condiciones para que esto sea una realidad”.

En su más reciente declaración en el marco del Día Mundial de la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, el Director Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, Harold Robinson resaltó el gran desafió que tiene la región en atender una de las más severas crisis que hemos vivido, pero también la gran oportunidad de encontrar nuevos caminos de desarrollo humano y económico. El llamado es a no quedarnos inmóviles y no dejar a nadie atrás. Todos —autoridades, asociados regionales, sociedad civil, sector privado, social, educativo y sanitario, comunidades y padres— debemos sumarnos de manera urgente hacia la aceleración del progreso para la reducción del embarazo adolescente.

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