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SAN JOSÉ, Costa Rica -  La edad promedio de consentimiento para las relaciones sexuales en la región de América Latina es de 14 años. El condón masculino se distribuye de manera gratuita en todos los países a través de sus sistemas de salud, pero solo seis países (Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú y Uruguay) distribuyen gratuitamente el condón femenino. Costa Rica, junto a Ecuador, Colombia, Argentina y Uruguay, son los países donde se reporta un avance superior al 70% en la implementación de la Declaración Ministerial, un instrumento regional para responder al  VIH y sida entre personas adolescentes y jóvenes latinoamericanas.

Estos son algunos de los datos que se desprenden del Análisis Regional sobre Barreras Legales para el  Acceso de Adolescentes y Jóvenes a los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y VIH, que se realizó en 17 países de América Latina con el fin de conocer a profundidad cómo las leyes y políticas afectan el acceso de estas poblaciones a información y servicios de SSR y VIH.

“Muchas veces identificamos como una prioridad el mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva, pero en ese proceso descubrimos que una falla importante está en el tema legal”, expresó Esteban Caballero, Director Regional adjunto de UNFPA para América Latina y el Caribe.

Para conocer los resultados de este estudio, se realizó un Encuentro Regional en Costa Rica, donde se dieron cita representantes de gobiernos y de sociedad civil de 17 países de la región. La actividad contó con la colaboración del Despacho de la Vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón.

“Este tipo de evidencia nos sirve para hacer política pública, para demostrar las inequidades que vivimos, particularmente las mujeres, cada día”, expresó la Vicepresidenta en sus palabras de bienvenida a los representantes de diferentes países. Y agregó que las personas tomadoras de decisiones pueden generar sinergia con las agencias de Naciones Unidas en temas como estos, “teniendo en cuenta este pensamiento de construcción de un país con mayor paz, con menos infecciones de transmisión sexual, con mayor decisión y autonomía del cuerpo de las mujeres, para decidir nosotras sobre nuestra maternidad y sobre las relaciones con los o las demás”.

También estuvo presente el Ministro de Salud, Fernando Llorca, quién expresó que aunque la evidencia es vital para la tomar decisiones, muchas veces, lo que técnicamente es fácil de trazar es difícil de operacionalizar a nivel político. “Tenemos la mejor intención en esta administración de eliminar la barreras legales que podamos, somos conscientes de las implicaciones que tienen esas limitaciones de acceso a los servicios, incluso a la educación en este campo”.

Necesidad de trabajar este tema

El estudio analiza temas como: la edad de consentimiento para las relaciones sexuales de las personas adolescentes, la edad de consentimiento para el matrimonio y unión civil, las políticas orientadas a la adolescencia y juventud, la responsabilidad penal adolescente, la criminalización de la transmisión del VIH, las políticas migratorias relacionadas con el VIH y las normas y políticas que regulan los servicios de SSR y VIH, entre otras.

Para las agencias autoras del informe, trabajar este tema es una necesidad, en primer lugar, para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluyendo el VIH, y embarazos no planificados. En segundo lugar, es una necesidad porque las y los adolescentes y jóvenes tienen el derecho humano a la salud, a la educación integral de la sexualidad, a información veraz y oportuna y a la protección contra la violencia sexual. Además de las barreras legales que se presentan, también se debe tomar en cuenta que la región de América Latina y el Caribe tiene una de las tasas más altas de embarazo en la adolescencia, con inicios muy tempranos de relaciones sexuales y limitado acceso a servicios e información.

Como resultado de la reunión se espera lograr un mapeo de países que presentan condiciones favorables para avanzar en cambios legislativos o administrativos, que logren remover obstáculos identificados en el estudio para el acceso de adolescentes a los servicios de SSR y VIH.  Los países identificarán posibles acciones para promover condiciones favorables para avanzar en los próximos años en las reformas necesarias.

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Crédito Editorial: Gabriela Rodríguez