Los derechos y las opciones son la respuesta: Ya sea que encaremos un auge o un desplome de los nacimientos, la solución de las tasas de fecundidad cambiantes reside en priorizar los derechos en materia de salud reproductiva de todas las personas
En este segundo año de la COVID-19, nos encontramos suspendidos en un estado intermedio: partes del mundo están emergiendo de las profundidades de la pandemia, mientras otros siguen enfrascados en la batalla contra el coronavirus, ya que el acceso a las vacunas sigue siendo una realidad distante y mortal.
La pandemia ha dado lugar a una merma en la efectividad de los sistemas de atención sanitaria, de manera particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva. Si bien las personas que tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva históricamente retrasan la procreación en tiempos de incertidumbre o crisis fiscal, se prevé que las interrupciones en el suministro de anticonceptivos, combinada con los bloqueos, provocara un notable aumento de los embarazos no planificados entre las personas más vulnerables. Según las investigaciones realizadas por el UNFPA en marzo, se estima que 12 millones de mujeres sufrieron trastornos en los servicios de planificación familiar.
La pandemia también expuso y exacerbó las desigualdades basadas en el género: la violencia de género aumentó en el curso de los bloqueos, al igual que el riesgo de matrimonio infantil y de mutilación genital femenina, ya que se interrumpieron los programas para abolir las prácticas nocivas. Un número significativo de mujeres abandonaron la fuerza laboral (se eliminaron sus empleos, a menudo de bajos salarios, o bien aumentaron las responsabilidades de cuidar de los niños que aprenden a distancia o de las personas mayores que viven en casa) lo cual desestabilizó sus finanzas, no sólo por el momento, sino a largo plazo.
Con este telón de fondo, muchos países están expresando una creciente preocupación por los cambios en las tasas de fecundidad. Históricamente, el alarmismo sobre las tasas de fecundidad ha dado lugar a derogaciones en mteria de derechos humanos. En lugares con poblaciones en aumento, las respuestas políticas perjudiciales han incluido la coercitiva planificación familiar y esterilización. En otros casos, el acceso a la anticoncepción podría restringirse.
El UNFPA aconseja que no se ofrezcan respuestas políticas reaccionarias, que podrían ser extremadamente perjudiciales si violan los derechos, la salud y las opciones. En cambio, el organismo pide que se dé prioridad a la salud reproductiva y a los derechos de todas y todos mediante el acceso a información y servicios de cara a los cambios demográficos y de fecundidad. Durante la pandemia, las interrupciones en los servicios de salud sexual y reproductiva se agravan cuando esos servicios se consideran no esenciales. Se teme que se explote la crisis como excusa para restringir o no apoyar la toma de decisiones, la libertad de opción, la libertad de circulación o el acceso a los servicios de salud de las mujeres y las niñas. La experiencia ha demostrado al UNFPA que las respuestas centradas estrictamente en la fecundidad a menudo no funcionan. A manera de ejemplo, incentivar económicamente la fertilidad no conduce a tasas de natalidad más altas y sostenidas en los países de baja fecundidad. Por otro lado, los cambios demográficos pueden presentar oportunidades de respuestas holísticas, como mediante sistemas de apoyo familiar y de cuidado infantil acompañados de acciones para asegurar niveles más altos de igualdad entre los géneros.
En última instancia, las mujeres deben ser empoderadas en las esferas educativa, económica y política para que ejerzan sus decisiones sobre sus cuerpos y su fertilidad.
