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América Latina y el Caribe celebra el décimo aniversario de la adopción del Consenso de Montevideo, el acuerdo sobre población y desarrollo más avanzado a nivel global.
En línea con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo, 1994, el Consenso de Montevideo centra sus medidas prioritarias en la garantía de derechos y opciones para todas las personas. Especialmente, busca impulsar que el acceso a la salud sexual y reproductiva sea una realidad para todas las personas, sin distinción ni exclusión.
Este acuerdo regional, firmado por 38 de los 46 países, territorios y departamentos de la región, solidificó el compromiso de América Latina y el Caribe con la promesa hecha en El Cairo: poner a las personas, sus derechos y decisiones en el centro del desarrollo sostenible. Diez años después, es momento de renovar y reafirmar ese compromiso.
El Consenso incluye más de 120 medidas prioritarias sobre ocho temas. A 10 años de su adopción, resaltamos algunos de estos temas importantes para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas en la región:
1. Adaptabilidad demográfica, sostenibilidad y desarrollo
Se estima que somos 658 millones de personas en América Latina y el Caribe. La región es hogar de unos 135 millones de afrodescendientes, 58 millones de personas que pertenecen a más de 800 pueblos indígenas y 85 millones de personas con discapacidad.
Se debe asegurar la integración de la población y su dinámica en la planificación del desarrollo sostenible, las políticas y programas públicos en general haciendo uso del conocimiento y la información sociodemográfica y aprovechando los avances tecnológicos.
2. Que todos los partos sean seguros
Entre 2020 y 2022, la región tuvo un estimado de 7963 muertes maternas, un aumento del 46% con respecto al año 2019.
Es urgente tomar acciones audaces e inmediatas para asegurar que cada mujer tenga acceso a los cuidados y servicios que necesita para sobrevivir el embarazo y el parto.
3. Ser madre no es tarea de niñas
La tasa de embarazos adolescentes en la región es la segunda más alta a nivel global, luego del África Subsahariana.
La educación integral de la sexualidad basada en evidencia científica permite la construcción de relaciones sanas basadas en la equidad y desmonta mitos que afectan la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes.
4. Salud sexual y reproductiva
Hay que promover y proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva y hacer las inversiones necesarias para materializar todas las posibilidades sociales y económicas de las personas.
5. Vida libre de violencias
Las consecuencias de la violencia contra las mujeres son devastadoras y dejan secuelas físicas y psicológicas. Debemos hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia.
6. Igualdad de oportunidades
Los matrimonios infantiles y uniones tempranas están muy presentes en nuestra región, lo que afecta el acceso a oportunidades de estudio y empleo para las niñas y adolescentes.
Promover la igualdad de género es el mejor recurso para adaptarnos al cambio demográfico. Al empoderar a las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo y vida, prosperan ellas, su familia y la sociedad.
7. No dejar a nadie atrás
Los derechos de todos los grupos poblacionales deben estar en el centro de las agendas de desarrollo de los países. Solo garantizando los derechos de cada grupo poblacional es posible construir sociedades pacíficas, resilientes y sostenibles.
8. Envejecimiento y protección social
Los países deben asegurarse de que tanto las generaciones más jóvenes como las mayores estén incluidas en los procesos de planificación del desarrollo y de que se tengan en cuenta sus necesidades y preocupaciones, así como expandir y fortalecer programas de protección social de asistencia a las poblaciones de personas mayores en condiciones de vulnerabilidad.
9. Migración segura
Se deben elaborar estrategias integrales para erradicar la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes y poder brindarles asistencia y protección, así como aprovechar los beneficios y enfrentar los desafíos que plantea la migración.
