ESTELÍ, Nicaragua - “A mi papá lo metieron preso por violencia hacía mi mamá, violencia intrafamiliar y verbal porque también a nosotros nos trataba muy mal. Llegó un momento en el que mi papá trató de matar a mi mamá” cuenta Michelle Zeledón, una joven de 19 años, del norte de Nicaragua.

Según cifras de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud, se estima que el 44% de las mujeres que han vivido una situación de violencia, vieron al padre ejercer violencia sobre su madre.

A sus 19 años, Michelle ya cuenta con grandes responsabilidades para una persona de su edad. Tiene una hija de 4 años y trabaja desde las 6:30 a.m. hasta 10:30 p.m. en una empresa tabacalera para mantenerla.

Ante una demanda de prestación alimenticia por parte de la madre de Michelle, el padre reaccionó negándose a continuar su aporte mandatado por la ley. “Él decía que su hija ahora era harina de otro costal y decidió no ayudarla en nada a raíz de su embarazo,” señaló Mayra Cabrera, madre de Michelle.

“A raíz de eso yo entré en depresión, pero yo dije por mi hija voy a salir adelante, no voy a retroceder, yo decidí seguir estudiando” asegura Michelle.

Hasta Dónde Llega la Responsabilidad de los Padres

El Artículo 316 del Código de Familia de Nicaragua establece que se deben alimentos a los hijos e hijas que no han alcanzado la mayoría de edad, a los mayores de edad, hasta que cumplan los 21 años de edad, cuando estén realizando estudios.

“Al llegar ya el proceso al conocimiento de mi persona, en mi calidad de jueza de familia, le dimos toda la tramitación que corresponde pero poniendo siempre énfasis e interés en la adolescente por considerar que la condición de madre no es una limitante para que ella no sea beneficiaria de la pensión alimenticia por parte de su padre,” indicó Yorlin Matamoro, Jueza de Distrito especializada en Familia de Estelí.

“Me dí la tarea de leer bien la normativa con respecto a los derechos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, así como también todos los instrumentos que nos permiten dar un análisis en nuestras sentencias para ir disminuyendo la discriminación hacia las mujeres, y en este caso, por la condición de madre se quería limitar un derecho” asegura Yorlin.

Fortaleciendo el Poder Judicial

Yorlin Matamoro es parte de un poco más de 100 jueces, magistrados y asesores  del Poder Judicial graduados del Magíster en “Derecho y Desarrollo Humano desde la Perspectiva de Género en el Derecho Civil”.

Por su parte, la Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, asegura que “Este Magister está dirigido a la persona, pues quienes lo han vivido, experimentaron un cambio personal en sus vidas, dotándolos de herramientas para relacionarse de una forma distinta con los usuarios, con sus colegas y familias.  En el ámbito socio cultural son conscientes que vivimos en una cultura de discriminación hacia la mujeres sustentada en roles y estereotipos que hay que cambiar”.

Desde el año 2007, UNFPA apoya a la Corte Suprema de Justicia en el fortalecimiento de su compromiso con la igualdad y la no discriminación en el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género, incorporando ambos principios en la administración de justicia, ya que forman parte de las normas constitucionales y de los tratados internacionales.  

Una Nueva Perspectiva en Defensa de los Derechos

El Representante de UNFPA en Nicaragua, Markus Behrend, considera que este magíster le brinda a los funcionarios del órgano judicial la oportunidad de fortalecerse como sujetos de derechos, tomando acción sobre las múltiples discriminaciones que viven niñas y niños, adolescentes, mujeres y varones.

“La Corte ha reconocido la importancia de juzgar con perspectiva de género, y por lo tanto, ha iniciado un proceso de implementación de la teoría de género y del fomento de los derechos humanos aplicados al derecho civil y la impartición de justicia como una vía para mejorar la calidad humana de los servicios del Poder Judicial de Nicaragua,” aseguró Behrend.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible trazó un horizonte estratégico a los Estados para la consideración prioritaria de la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y adolescentes dentro de sus objetivos. Programas especializados como el Magíster en “Derecho y Desarrollo Humano desde la Perspectiva de Género en el Derecho Civil” constituyen un apoyo legal fundamental para garantizar que los derechos de las personas en condiciones más vulnerables se cumplan. 

“Después del Magister puedo entender que esas circunstancias muy particulares de las mujeres si no se las reconocemos, entonces quién se las va a reconocer” aseguró Matamoro.

Texto: Claudia Porras. Fotos: Joaquín Zúñiga.