“Hay muchas mujeres que han sido violadas, maltratadas por los actores armados o por la propia sociedad", afirmó Pastora, una mujer indígena de la comunidad Nasa de Colombia. 

Casi 24.000 personas han brindado su  testimonio ante la Comisión Nacional de la Verdad sobre las atrocidades a las que han sobrevivido. Pastora fue una de ellas, y su historia, como muchas otras publicadas en el informe de 2022 de la Comisión, arroja luz sobre los costos desproporcionados del conflicto para las mujeres y las niñas.

En todo el mundo, ellas se enfrentan a amenazas particulares cuando se agudizan los enfrentamientos armados y sobrevienen las crisis. Una de ellas es la violencia sexual, utilizada durante mucho tiempo por los combatientes como arma de guerra y medio para sembrar el miedo y ejercer el control.

En Colombia, la violencia sexual fue una "práctica habitual, generalizada, sistemática e invisible" perpetrada a lo largo de décadas de enfrentamientos. Y, desgraciadamente, a pesar de los recientes avances hacia la paz y la reconciliación nacional, estos crímenes han continuado con el telón de fondo de los conflictos persistentes.

Desde que se firmó un histórico acuerdo de paz en 2016, más de 1.500 personas han denunciado haber sufrido violencia sexual relacionada con el conflicto, la gran mayoría mujeres.

"La violencia sexual destruye vidas y viola los derechos humanos. No debe ser 'normalizada' como algo que está destinado a suceder, algo que no se puede detener", dijo la Directora Ejecutiva del UNFPA, Dra. Natalia Kanem.

"Debemos trabajar juntos para poner fin a este horror, no permitir que se repita sin fin".

Poner fin al ciclo

En el mundo, el UNFPA aboga por la eliminación completa de todas las formas de violencia de género, incluyendo la violencia sexual en los conflictos. En Colombia,  la organización también envía equipos móviles de respuesta humanitaria a  zonas del país apartadas, afectadas por el conflicto y la crisis para prestar servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres y niñas, así como fortalecer capacidades en atención de casos de violencia de género.

"Los principios rectores del UNFPA dentro de sus operaciones garantizan una atención basada en las necesidades de las sobrevivientes y orientada a crear un entorno de apoyo en el que se respeten los derechos de la persona que ha sufrido violencia de género", afirma Lucía Gallego, coordinadora del UNFPA en el Chocó, Colombia. 

"Con todo esto involucramos a indígenas y mujeres afrodescendientes líderes, quienes juegan un papel en la promoción de derechos y el establecimiento de redes de apoyo en las comunidades, además de remitir y acompañar a las mujeres que requieren servicios”.

Las mujeres afrodescendientes, y las mujeres indígenas como Pastora, han sido de manera desproporcionada víctimas de desplazamientos y abusos a lo largo de los años de conflicto en Colombia.

En 2022, de las casi 400 mujeres desplazadas forzosamente que denunciaron haber sobrevivido a crímenes contra su libertad e integridad sexuales, el 6% pertenecían a grupos indígenas y el 30% eran afrodescendientes.

Lamentablemente, debido a diversos factores, estos crímenes a menudo "no se denuncian y quedan impunes", según la Dra. Kanem."Muchas de las personas que se convierten en víctimas tienen dificultades para acceder a la ayuda, ya que los conflictos y la inseguridad desarticulan los sistemas de salud y justicia. Muchas tendrán demasiado miedo o vergüenza para buscar atención", afirmó.

Un enfoque comunitario

Con el fin de hacer frente a estos desafíos, es necesario capacitar a las personas afectadas por la violencia sexual relacionada con los conflictos para que la identifiquen como un crimen,además de fortalecer las vías de apoyo y justicia.

Carmencita Chami, lideresa indígena de la etnia Emberá Dobidá de la región del Pacífico colombiano, ha trabajado con UNFPA como enlace comunitario en temas de violencia de género. Considera que el trabajo en prevención y atención de violencias  la anima a apoyar a otras personas.

"Sé que en algunas mujeres ha quedado esa idea: Que las mujeres sí tienen derechos. Y ya saben dónde acudir cuando se producen estas situaciones de conflicto", afirma.

El trabajo de la Sra. Chami se alinea con el de docenas de otros grupos, cuyo objetivo es mitigar las consecuencias de los conflictos armados que afectan especialmente a las mujeres y las niñas del mundo, algo ante lo que las sociedades de todo el planeta no pueden pasar por alto.

Como mencionó Pastora en su testimonio ante la Comisión de la Verdad de Colombia: "Esta es una lucha contra el olvido".