ANTIGUA, GUATEMALA (7 de junio de 2012) - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy en una actividad regional el Informe Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica, el cual analiza las múltiples dimensiones del problema de la violencia sexual y su tratamiento por los sistemas de justicia en la región mesoamericana, con un especial énfasis en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
La inauguración de esta actividad fue presidida por la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Thelma Aldana; la Señora Marcela Suazo, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA y la Señora Tracy Robinson, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH.
La CIDH ha constatado que la violencia sexual en la región mesoamericana no es un fenómeno aislado. Es un problema multidimensional que afecta a todos los países y responde a un contexto social donde la violencia es tolerada. En encuestas nacionales de Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Salvador de mujeres entre 15-49 años, se encontró que 5.8%, 8.7%, 11.4, 13.4% reportaron haber experimentado algún tipo de violencia sexual como el abuso o el sexo forzado. El problema se agrava en el caso de las mujeres, que son víctimas históricas de discriminación y de tratamiento inferior. Ello se traduce en una respuesta estatal deficiente frente a estos problemas; estando las intervenciones de las distintas instituciones protagonistas marcadas por patrones socioculturales discriminatorios contra las mujeres, que se reproducen socialmente.
Marcela Suazo, Directora Regional de UNFPA, se refirió al tema del Informe, indicando que “La violencia sexual sigue siendo uno de los tipos de violencia más invisibilizados y más impunes”. Los Estados deben tomar medidas para enfrentar la discriminación contra las mujeres que perpetua la violencia sexual, incluyendo para cambiar los patrones socio-culturales de conducta y estereotipos que perpetúan la violencia.”
Graves obstáculos conducen a un incumplimiento por parte de los Estados de su deber integral de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, y reparar actos de violencia contra las mujeres. Esta situación se traduce en inefectividad judicial ante actos de violencia sexual en Mesoamérica, que afecta el procesamiento judicial de casos de violencia sexual durante todas las etapas del procedimiento ante la administración de justicia. Esta inefectividad judicial fomenta y perpetúa la impunidad de la gran mayoría de casos de violencia sexual, promueve la tolerancia social de este fenómeno y crea desconfianza persistente de las víctimas en el sistema de la administración de la justicia.
El carácter abarcador y apremiante del problema de la violencia sexual acarrea obligaciones de naturaleza integral y multidimensional para los Estados, y exige una respuesta interinstitucional, integral y urgente, no sólo del sistema de justicia, sino también de otros sistemas involucrados, incluyendo el de salud.
El informe incluye una serie de recomendaciones orientadas a promover intervenciones estatales para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia sexual con celeridad y de forma exhaustiva, relacionadas con el combate a la impunidad; la prevención de la violencia sexual y erradicación de los patrones socioculturales discriminatorios; la atención y servicios para las mujeres víctimas; acceso a instancias judiciales de protección, mecanismos de denuncia y recopilación de estadísticas; protocolos de atención y recopilación de pruebas; medidas de protección, reparación de las víctimas y necesidades especiales de las niñas y las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes.
La Relatora de los Derechos de le Mujer, Sra. Tracy Robinson comentó, “Existen todavía muchos obstáculos en la búsqueda de la justicia de las mujeres y las niñas que han sufrido violencia sexual. Pero al día de hoy, cinco años después del informe inicial sobre Acceso a la Justicia para las Víctimas de Violencia en las Américas, también reconocemos que varios esfuerzos han sido hechos por los Estados y la sociedad civil para garantizar el cambio y el progreso hecho en la región en casos de violencia sexual. Es destacable la adopción de leyes integrales contra la violencia contra las mujeres, el establecimiento de nuevas instituciones al interior de la administración de la justicia para institucionalizar una perspectiva de género, la introducción de políticas y protocolos para guiar las acciones de todos los que deben asegurar la justicia y proteger a la víctima, y el desarrollo de abordajes integrales para proteger y garantizar la protección y el bienestar de la misma.
Estaremos pendientes de la discusión de lo que se ha logrado, especialmente por hacer escuchado la experiencia de nuestros vecinos, en donde nos comprometemos a nuevas iniciativas para asegurar un acceso a la justicia efectivo para las mujeres y las niñas que son sobrevivientes de violencia sexual.”
Este informe ha sido elaborado gracias al apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y con la asistencia financiera de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID.
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