Según la iniciativa de Prevención y Atención a la Violencia Sexual en Centroamérica, desarrollada por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la clave para enfrentar de manera efectiva esta problemática y mejorar el acceso a salud y justicia, reside en fortalecer la respuesta interinstitucional a través del desarrollo e implementación de modelos de atención integral para mujeres víctimas de violencia sexual.

 

Un Informe Regional de las Naciones Unidas (CEPAL, 2007) sobre la violencia contra las mujeres en América Latina y Caribe, establece que hasta 4 de cada 10 mujeres en la región ha experimentado diferentes tipos de violencia. Entre estos, la violencia sexual representa una de las formas de violencia más silenciadas debido a su estigmatización, así como a la debilidad en los mecanismos de respuesta de las instituciones públicas, entre otras.

 

En América Latina son pocos los casos que llegan a conocimiento de las autoridades policiales o judiciales. Entre las principales razones por las cuales las mujeres no denuncian estas agresiones figuran miedo al estigma, vergüenza, culpa, discriminación, temor a represalias del perpetrador, falta de apoyo de familiares y amistades, desconfianza y complejidad del camino hacia una justicia efectiva.

 

El porcentaje de casos de violencia sexual que son procesados es significativamente más reducido que el de denuncias. En Argentina, la evidencia muestra que sólo el 10% de los casos de violencia sexual denunciados derivan en consecuencias legales para los agresores. Esta cifra es aún menor en países como Chile y Ecuador, donde sólo se alcanza el 4 por ciento. En Guatemala, esta situación es más crítica pues sólo el 1 por ciento de los agresores es sancionado legalmente.

 

En la mayoría de los casos la violencia sexual se concentra en el propio hogar y en el entorno cercano de las mujeres. En Centroamérica, la violencia sexual procede principalmente de las parejas y ex parejas íntimas de las mujeres, seguidos de parientes, vecinos, amigos, colegas o allegados. Por ejemplo, las encuestas nacionales de Nicaragua, Guatemala y El Salvador muestran que 13.1, 12.3, y 11.5 por ciento respectivamente, de mujeres entre 15-49 años han experimentado violencia sexual por su pareja intima o ex pareja intima alguna vez.

 

Más allá de las dificultades en el acceso a la justicia para las víctimas, la violencia sexual conlleva graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como embarazos producto de violación, VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, complicaciones ginecológicas, fibromas, dolor pélvico crónico e infecciones de las vías urinarias, y disminución del deseo sexual, entre otras.

 

En este contexto, desde 2008 el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) apoya a los Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, a través de una iniciativa de prevención y atención a la violencia sexual orientada al desarrollo y ejecución de modelos de atención integral en salud y justicia para mujeres ante la violencia sexual. Para ello, se han realizado estudios sobre el marco legal y los servicios de atención a la violencia sexual en estos cuatro países, apoyándose el desarrollo de protocolos, guías y modelos integrales que faciliten el acceso a servicios de salud, justicia y apoyo psico-social para evitar la revictimización de las mujeres.

 

Generar una respuesta coordinada e intersectorial para atender integralmente a las víctimas de la violencia y garantizar la restitución plena del ejercicio de sus derechos es fundamental ante la problemática de la violencia sexual contra la mujer.

 

“Porque queremos prevenir y brindar una mejor atención a las mujeres ante la violencia sexual, con el compromiso de los Estados y el apoyo de la sociedad civil, estamos acortando caminos en el acceso a salud y justicia para las mujeres ante la violencia sexual en Centroamérica”, señala Marcela Suazo, Directora Regional para América Latina y Caribe de UNFPA.