CIUDAD DE MÉXICO, México - Con un cuarto de población joven, entre los 15 y 29 años, América Latina y el Caribe enfrenta su mayor desafío: dar respuesta a los derechos de 160 millones de jóvenes que en su mayoría no forman parte de un partido político y tampoco votan en las elecciones.
Una juventud que incida, que abogue por sus derechos, activa y con una fuerte capacidad creativa son aspectos clave a la hora de empoderarse y avanzar en materia de derechos. El que la juventud adquiera un estatus de sujeto de derechos es el marco para toda la discusión sobre adolescentes y jóvenes, sostuvo Esteban Caballero, Director de UNFPA LACRO, durante la apertura del Foro Juventudes LAC “La implementación del Consenso de Montevideo: Una vía para combatir las desigualdades” que se da cita en la Ciudad de México, los días 4 y 5 de octubre convocado por la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Un segundo punto que enfatizó Caballero fue la ventana de oportunidad que constituye el bono demográfico y el cómo los países de la región que se encuentran ante esta posibilidad única lo hagan invirtiendo en educación, salud, empoderando a la juventud y creando nuevas oportunidades y fuentes de empleo para ellos y ellas. El reto, en términos economicistas, es relevante: se estima que en la región, 1 de cada 5 jóvenes en edad de trabajar no estudia ni trabaja ni está en cursos de formación.
“Aquí nos gustaría ver debates con cierto foco, por ejemplo todo lo que respecta a salud sexual y reproductiva, adolescentes y jóvenes. En este sentido, abogamos porque se eliminen las barreras legales existentes para acceder a servicios de atención amigables, a métodos de anticoncepción para prevenir el embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual”, destacó el Director Regional del UNFPA, quien compartió mesa con Francisca Bozzio y Nayeli Yoval, de la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes, y Jorge Rodríguez, investigador de CEPAL/CELADE.
“El acuerdo político ya lo tenemos, ahora en lo que debemos avanzar es en la implementación del Consenso de Montevideo. Para esto, el papel activo y continuo de la sociedad civil es clave”, afirmó Jorge Rodríguez, de CEPAL/CELADE.
“Mitakuña ha karia´y he´i vaera mba´e ojapota jaiko porave hagua”, que los y las jóvenes puedan ejercer sus derechos garantiza un mejor nivel de vida, una vida más feliz, expresó Oscar Maidana (19) en guaraní, idioma oficial de Paraguay junto al español, para referirse a cómo los derechos sexuales son parte esencial del desarrollo de las personas. En este sentido, indicó que uno de los obstáculos principales en su país es el incorporar efectivamente y de manera real en el sistema educativo formal los contenidos que refieren a educación integral de la sexualidad. “No estamos a nivel de otros países, como Uruguay y Argentina por ejemplo, en los cuales se ha avanzado mucho en este sentido. Aún enfrentamos tabúes y prejuicios de sectores conservadores ante los cuales debemos estar siempre alertas”, añadió el integrante del grupo juvenil Somos Pytyvohara.
En una región donde la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre mujeres de 15 a 19 años, escuchar a los jóvenes y verlos como un socio y un colaborador estratégico es la prioridad según Amanda Quijano (24), de El Salvador de la ONG Coincidir, para avanzar y no retroceder en acuerdos relevantes en materia de derechos sexuales y reproductivos. “Mi país es altamente criminalizador hacia las mujeres y hacia el ejercicio de sus derechos sexuales”, sostuvo y dijo que es fundamental que se priorice las oportunidades educativas y de empleo para la juventud.
Hernán Tello (19), integrante de Munay (voluntad en quechua) ONG juvenil de Perú, este tipo de espacios colabora que se reflexione y se dé una respuesta cooperativa acerca de lo que pensamos en relación al desarrollo, a un desarrollo donde las personas son el centro del mismo. “Sobre todo en este contexto de desarrollo sostenible es preciso que la juventud analicemos que implica esta palabra sostenible desde una perspectiva interdisciplinaria, de derechos, género, medioambiente y cambio climático”, manifestó y explicó que la pobreza, que afecta a casi un tercio de la población joven en América Latina y el Caribe, es un escenario que urge medidas de parte de los gobiernos.
Una acción necesaria y que hay que seguir fortaleciendo es el reflexionar, y a la vez cuestionar, desde la participación juvenil indicó Bozzio, quien junto a Yoval coincidieron en que el diálogo y la incidencia son pilares fundamentales para que se escuche a la juventud. “Abogamos por la incidencia política de los y las jóvenes en espacios regionales y nacionales para que se escuche nuestra voz en temas como juventud, empleo, salud sexual y reproductiva para ser verdaderos protagonistas de nuestra realidad”, destacó Bozzio.
Una juventud que se mueve, que debate, consciente de su potencial para el cambio son elementos clave para avanzar en materia de derechos, para la contraloría y la participación ciudadanas y, sobre todo, para que los y las jóvenes sean reales protagonistas de su presente.
Texto: Carolina Ravera / Fotos: Guadalupe Valdés
